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En las últimas semanas estamos siendo testigos de la estrategia de mentiras por parte del PP y de Vox en torno a la trágica situación que se ha vivido durante la crisis sanitaria en las residencias de mayores en todo el país.
En concreto, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, está siendo señalado por las dos formaciones como responsable de la muerte de miles de personas en estos centros como consecuencia del COVID-19.
Resulta deleznable que PP y Vox empleen los bulos y la difamación para atacar al Gobierno y ocultar sus propias responsabilidades, y más cuando se trata de la vida de miles de personas. La mentira, en política, tiene las patas muy cortas. Por eso, es necesario que respondamos ante esta situación con la verdad, poniendo los datos sobre la mesa, porque nos encontramos ante hechos que podrían ser, como ha dicho el propio consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, «inmorales, y puede que ilegales».
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Medidas del Gobierno para apoyar a las comunidades autónomas
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En primer lugar, el decreto del estado de alarma no retiraba las competencias de las residencias de mayores a las comunidades autónomas. En las sucesivas órdenes ministeriales que abordaron cuestiones relativas a las residencias, lo que se hizo fue reforzar a la única autoridad que tiene dichas competencias, es decir, a las comunidades autónomas.
Entre las medidas concretas aprobadas por el Gobierno de coalición para reforzar las competencias de las comunidades autónomas y las direcciones de los centros se encuentran, en primer lugar, la declaración de los Servicios Sociales como servicios esenciales, independientemente de su titularidad. Se pusieron bajo el mando de las comunidades autónomas también las residencias privadas y se ordenó que se diera la misma prioridad en el reparto de equipos de protección individual (EPI) a las residencias que a los hospitales.
Además, se habilitaron 300 millones para contratar personal de refuerzo para las residencias y adquirir EPI que protegiesen a las trabajadoras y los trabajadores. El Gobierno autorizó la intervención del Ministerio de Defensa, previa petición de las autoridades autonómicas competentes, para labores de desinfección de residencias y otras actuaciones similares, con un total de más de de 5000 intervenciones.
Por último, se flexibilizaron de manera extraordinaria los criterios de contratación de personal en las residencias, como sucedió en el caso de las y los profesionales sanitarios, con el objetivo de garantizar la atención de las personas mayores durante el estado de alarma.
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