Las noticias que están saliendo a la luz sobre las presuntas actividades ilegales de Juan Carlos I en Arabia Saudí y en Suiza resultan cuando menos preocupantes para la calidad democrática en nuestro país. De hecho, es la propia sociedad española quien está planteando el debate sobre la utilidad de la monarquía, como quedó patente al inicio del estado de alarma, que llegó incluso a calar en la decisión de Felipe VI de alejarse de la figura de su padre renunciando a su herencia. Un debate que ahora gana fuerza a raíz de las últimas informaciones sobre el emérito.
Es importante señalar que estas presuntas actividades no son nuevas. Según declaraba el exconsejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, en
el documental La monarquía: un negocio rentable, de EiTB, el rey Juan Carlos recibía comisiones millonarias con los contratos de petróleo. O la información desvelada estos días por el periodista Antonio Maestre en
elDiario.es, que detalla la carta enviada por Juan Carlos I en 1977 a Reza Pahlevi, sha de Persia, para pedirle una donación que consolidase la monarquía y apoyara a la UCD ante el ascenso del PSOE. Fueron diez millones de dólares que nunca llegaron por completo al partido de Adolfo Suárez.