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La crisis actual, evidenciada por la pandemia del COVID-19, ha puesto de manifiesto que el cuidado debe estar en el centro de todas las políticas públicas de forma visible y reconocida. Entendemos que la calidad democrática de una sociedad se mide en cómo protege a las personas más vulnerables y así lo entiende también el Consejo de Naciones Unidas, que ha advertido a los países europeos: «Los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcionada por la crisis de COVID-19».
Con este espíritu, el Ministerio de Igualdad ha desarrollado un Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante el estado de alarma, para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género a causa del confinamiento.
Gracias a este plan, han sido declarados esenciales los servicios de atención integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esto supone que se deben garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información 24 horas; la respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, incluidas las mujeres que necesitan abandonar el domicilio para garantizar su protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros para víctimas de explotación sexual y trata; y la asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de manera no presencial.
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