Durante las últimas semanas, en el Gobierno de coalición se está llevando a cabo un debate urgente para impulsar una Ley de Vivienda estatal, de la cual Unidas Podemos es coproponente. Una ley que va ya con retraso, según los compromisos adquiridos por el PSOE en los acuerdos de Gobierno y de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un momento histórico para nuestro país que no puede seguir dilatándose, y que no habría sido posible sin el empuje de la sociedad civil, especialmente del movimiento en defensa del derecho a la vivienda.

Hace poco más de un año, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció en una visita a nuestro país la existencia de «una crisis de vivienda de proporciones inquietantes» y el grave déficit de vivienda social en España. Una situación de emergencia habitacional que se ha visto agravada por el impacto de la pandemia.

En este sentido, es fundamental recordar la urgencia de aprobar una ley que garantice la vivienda como derecho, lo cual supone, ni más ni menos, aplicar lo que dice en esta materia la propia Constitución española y los tratados internacionales de obligado cumplimiento ratificados por nuestro Estado.
 
UNA LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
La futura Ley de Vivienda debe tener unos contenidos mínimos, los incluidos en el acuerdo de Gobierno, y que también llevan años planteando tanto los colectivos sociales como los organismos internacionales.
  • La nueva ley debe garantizar la vivienda como un derecho subjetivo y un bien de primera necesidad, que pueda ser reclamable ante los tribunales, y no un bien de mercado al servicio de especuladores.
     
  • Suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional digna y adecuada. La ley debe incluir la aplicación directa de las recomendaciones de los pactos internacionales ratificados por el Estado español y de sus organismos.
     
  • Movilizar todos los recursos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda con medidas como destinar el 75% de las viviendas de la Sareb al alquiler social o incluir la obligación de llegar progresivamente a destinar en 2023, como mínimo, el 0,7% del Producto Interior Bruto a dicho objetivo. En este sentido, es clave la corresponsabilidad del sector privado para que de toda la vivienda nueva que se construya (todas las nuevas promociones también de vivienda privada) se reserve el 30% a vivienda protegida; y la mitad de ese 30% (un 15%), a vivienda social.
     
  • Impulsar una regulación de alquileres, tal y como establece el acuerdo de Gobierno y el acuerdo entre las fuerzas del Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, habilitando a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a poner un techo a las subidas abusivas de los precios del alquiler.
     
  • La nueva Ley de Vivienda debe garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos, acorde a la definición de vivienda digna y adecuada como aquella que incluye la eficiencia energética, el acceso a las redes de suministros básicos y demás características, así como un coste de la misma que no supere el 30% de los ingresos o la renta media, incluyendo en ese valor dichos suministros.
     
  • La Ley de Vivienda debe favorecer la participación activa de la ciudadanía y de las entidades representativas de la sociedad civil en el ámbito de la vivienda.
Para saber más:
LA VIVIENDA GARANTIZA EL DERECHO A LA EXISTENCIA
Debatir sobre vivienda es debatir sobre el modelo de país. La estructura económica de las últimas décadas se ha visto dañada por un modelo de construcción sin control, sembrado de corrupción y saqueo de lo público, y que, a partir de la crisis de 2008, dejó a la vista sus costuras. Este modelo ha permitido que se conforme un sistema oligárquico atrincherado en la defensa de sus privilegios frente al interés general, como estamos viendo actualmente en temas como la regulación de los alquileres.
Por lo tanto, garantizar el derecho a la vivienda es uno de los pilares para revertir la estructura económica y política corrupta que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas. Pero, además, y como elemento clave, defender la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado es defender también el derecho mismo a la existencia, una condición previa para tener acceso a una vida digna.
Defender la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado es defender también el derecho mismo a la existencia, una condición previa para tener acceso a una vida digna.
Es imprescindible también que, hasta que la Ley de Vivienda esté aprobada, siga vigente el decreto antidesahucios. Celebramos la prórroga de tres meses, pero esta medida solo es un parche que no garantiza el derecho a la vivienda y a la salud de nuestro pueblo. El último año nos ha demostrado la importancia que tiene la vivienda como elemento esencial para la vida y para la salud pública, como el lugar de refugio de las personas frente a una situación tan grave como es una pandemia.
El último año nos ha demostrado la importancia que tiene la vivienda como elemento esencial para la vida y para la salud pública, como el lugar de refugio de las personas frente a una situación tan grave como es una pandemia.
La vivienda es un derecho humano que está en la base de la capacidad de ejercer otros derechos. No hay igualdad sin vivienda, no hay dignidad sin vivienda, no hay libertad sin vivienda. La Unión Europea está sacando las vergüenzas de España en este sentido, por el incumplimiento reiterado de los tratados internacionales de obligado cumplimiento, así como de nuestra propia Constitución.
Es de justicia recordar que los mínimos imprescindibles de la Ley de Vivienda recogen el testigo de las demandas históricas del movimiento popular. En nuestro país, la sociedad civil ha sido capaz de girar el marco que, durante décadas, planteó la vivienda como un producto de mercado al servicio de las oligarquías especuladoras.

Sacar adelante esta ley es un compromiso del acuerdo de Gobierno y, por lo tanto, un compromiso con nuestro pueblo en la senda marcada por el movimiento de vivienda en las calles y por los organismos internacionales de derechos humanos. Defender la vivienda como un derecho es una de las batallas que dignifican la lucha política del espacio en el que estamos.