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Durante las últimas semanas, en el Gobierno de coalición se está llevando a cabo un debate urgente para impulsar una Ley de Vivienda estatal, de la cual Unidas Podemos es coproponente. Una ley que va ya con retraso, según los compromisos adquiridos por el PSOE en los acuerdos de Gobierno y de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata de un momento histórico para nuestro país que no puede seguir dilatándose, y que no habría sido posible sin el empuje de la sociedad civil, especialmente del movimiento en defensa del derecho a la vivienda.
Hace poco más de un año, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, denunció en una visita a nuestro país la existencia de «una crisis de vivienda de proporciones inquietantes» y el grave déficit de vivienda social en España. Una situación de emergencia habitacional que se ha visto agravada por el impacto de la pandemia.
En este sentido, es fundamental recordar la urgencia de aprobar una ley que garantice la vivienda como derecho, lo cual supone, ni más ni menos, aplicar lo que dice en esta materia la propia Constitución española y los tratados internacionales de obligado cumplimiento ratificados por nuestro Estado.
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