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El Ingreso Mínimo Vital se suma a las medidas que han ido abriendo la senda de una salida solidaria y colectiva de la crisis, que defienda los derechos de las mayorías sociales de nuestro país. La crisis de 2008 nos enseñó que, ante las políticas de austeridad, paro y recorte de gasto público, que solo han generado más pobreza y desigualdad, es necesario apostar por medidas que pongan la dignidad y la vida en el centro, y, para ello, necesitamos justicia fiscal y garantizar que se cumplan los derechos humanos.
Es además el momento de que la Unión Europea demuestre los pilares solidarios sobre los que fue ideada; que las élites financieras asuman que tienen una responsabilidad social, a la vez que se eliminan instrumentos que han profundizado en las desigualdades sociales y en el saqueo a los sectores populares, como es el caso de los paraísos fiscales.
La emergencia sanitaria que estamos viviendo evidencia la necesidad de reforzar una economía de los cuidados para poder mirarnos al espejo como sociedad y reconocernos en el pueblo solidario y fraterno que somos, y no el reflejo engañoso del odio que hoy algunos intentan imponer con una mano, mientras que, con la otra, buscan mantener los privilegios de unos pocos. Ese reflejo, antes o después, está condenado a romperse.
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